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Lanzan campaña contra corrupción en los MP

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero
Lanzan campaña contra corrupción en los MP

En la Ciudad de México, y en general en el país, los ciudadanos que han sido blanco de la delincuencia hacen a un lado su derecho a la denuncia en los Ministerios Públicos. Diversos son los motivos, pero el principal es el no querer pasar horas en esos sitios para que luego te digan: “Tiene que venir a ratificar su denuncia”. “Es salir con las manos vacías y el tiempo perdido”, se argumenta en la mayoría de los casos de quienes no ventilan de manera oficial haber sido víctima de algún delito. De acuerdo con las organizaciones Cero Impunidad y Tojil —que en maya significa Lo justo o Lo correcto —, 25 por ciento de las personas que acuden al Ministerio Público reconoce que en estos espacios hay corrupción, y se niegan a dar “mordidas” para ser atendidos.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Ambas asociaciones de abogados y expertos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio identificaron “15 malas prácticas” en los Ministerios Públicos, y contra ellas  han lanzado una campaña para desterrar a los “malos servidores públicos”. En entrevista con Crónica , Adriana Greaves, cofundadora de Tojil y excolaboradora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de Cardozo Law School (Nueva York), indicó, por principio, que una “práctica que hace tanto daño al ciudadano, que no contribuye a alcanzar la justicia, es que la víctima regrese al Ministerio Público a ratificar su denuncia. Eso es un invento, y se tiene que eliminar de los procesos judiciales. Generan burocracia y ralentizan la justicia, que debe ser pronta y expedita”. La experta señala que los mexicanos no deberíamos tenerle miedo a la justicia mexicana. Mas admite, que es todo el sistema de impartición la que impide avanzar en la cultura de la denuncia, la de buscar la reparación del daño. Tojil e Impunidad Cero explican por qué los ciudadanos deben contar con una guía contra las malas prácticas en los Ministerios Públicos. Primero, para brindar información clara sobre el proceso penal, para evitar que la complejidad del lenguaje jurídico provoque abusos de las autoridades y para ofrecer a los ciudadanos herramientas que eviten actos de corrupción y de violación de sus derechos por parte del personal de procuradurías y fiscalías al momento de denunciar. Enfatizan que los esfuerzos de fortalecimiento deben ser desde el ámbito de las procuradurías y fiscalías y no en el legislativo, como se ha venido haciendo, “porque ahí no se ve lo que ocurre en los MP“. En la guía se pide tener claro: Cualquier solicitud para “ratificar la denuncia ” es ilegal y retrasa la investigación, además de que genera impunidad. “En ninguna circunstancia se podrá retrasar la investigación con el argumento de la falta de ratificación del denunciante, incluso en los casos en que se requiera querella o que la denuncia se presente por escrito”, se afirma en esta guía de abogados. Tras una denuncia, alertan, cualquier solicitud de gratificación o remuneración a cambio de recibir copias o documentos, así como por realizar labores que legalmente le corresponden al MP es un delito. Éste es el comienzo de la campaña. Lo más básico. De ahí se pide actuar con firmeza: asevera que ante “cualquier mala práctica o irregularidad del personal de las fiscalías o procuradurías puedes presentar una queja ante la autoridad competente. Dependiendo de la entidad en la que te encuentres, ésta puede llamarse Visitaduría General u Órganos Internos de Control. Podrás acudir directamente a las oficinas o presentar tu denuncia por teléfono. Todos los trámites relacionados con la queja que presentes son completamente gratuitos”. Destaca que en algunas fiscalías se han implementado otras ­herramientas para poder denunciar esas malas prácticas. En la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por ejemplo, existen los llamados “teléfonos rojos” en cada una de las agencias del MP, y en las procuradurías y fiscalías existen teléfonos gratuitos que se encuentran en comunicación directa con los Órganos Internos de Control. Los ciudadanos no deben dudar en emplear esas herramientas para informar a las autoridades correspondientes del mal e irregular servicio que le están dando, indican. Se le pide también a la víctima que tenga claro lo siguiente: Decretar la libertad del detenido es una facultad del MP que debe aplicarse en casos excepcionales. Cuando el detenido no represente un riesgo para la víctima o la comunidad, y se garantice que seguirá acudiendo al proceso, además de que la investigación no será obstruida. Tras esta circunstancia, en caso de que las determinaciones del MP sean contrarias a derecho, existe la posibilidad de controvertirlas ante un juez.  Si un Ministerio Público decide decretar que tu denuncia se va al archivo temporal, pide que se muestre que se agotaron todos los actos de investigación posibles y pertinentes. Es clave contra la impunidad que toda determinación por parte del MP debe ser notificada a la víctima u ofendido en un plazo no mayor a 24 horas, a fin de tener la posibilidad de impugnar ante la autoridad correspondiente. La guía contra la corrupción hace énfasis en que tanto el imputado como la víctima tienen el derecho de promover ante el MP la solicitud de actos de investigación que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados. La negativa u omisión de respuesta ante la petición puede y debe ser discutida ante el Juez de Control. Los expertos en materia de defensa legal puntualizan que la víctima debe observar cuando hay una detención en flagrancia, porque  se dan malas prácticas en este momento que propician deficientes procesos. Y son motivo de esto: el exceso de uso de fuerza por parte de policías, no presentar al detenido ante el MP, la falta de veracidad entre las personas que llevan a cabo la captura y quienes la documentan formalmente. Lo anterior puede derivar en una detención ilegal declarada por un juez. La circunstancia da pie a controvertir al juez de Control, y denunciar administrativa y penalmente a los servidores públicos implicados. El Ministerio Público, también referido como representación social, tiene entre sus facultades solicitar medidas cautelares proporcionales y eficaces con el fin de promover la adecuada cumplimentación de la ley. Tojil e Impunidad Cero resaltan que la víctima tiene derecho a contar con un asesor jurídico, si esto no lo garantiza el Estado se deben emprender acciones legales que detonen una sanción administrativa, en caso de omisiones, a los responsables de ejercer su función.  También señalan que el presunto responsable tiene derecho a una defensa. Y ésta debe ser gratuita, en caso de no contar con los medios económicos para solventarla (abogado particular). Es un derecho y hay sanciones por no designar a un defensor de oficio. Recordar que hay un teléfono rojo para circunstancias de irregularidades.  Entre los beneficios legales hay, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, acuerdos reparatorios. El fin es que la víctima obtenga la reparación del daño de forma inmediata. Acuerdo que sólo se puede iniciar siempre y cuando el MP haya comenzado una investigación. En este punto, los abogados expertos indican que el Ministerio Público debe realizar una solicitud de condiciones u obligaciones y un plan de reparación del daño acordes con el delito cometido, y sí, de acuerdo con el contexto de vida del presunto responsable o imputado. Para que el objetivo de la justicia pronta y expedita se cumpla en el actual marco legal, el MP debe proponer un juicio abreviado al proceso. Es decir, que se vaya en el camino a no ir a un juicio largo,  respecto a lo que NO debe existir solicitud de gratificación o mordida a cambio de nada. Recuerde, dice esta guía, existe el teléfono rojo y las herramientas que debe identificar para denunciar malas prácticas en los MP. Al llegar al juicio o audiencia, que es el momento en que deberá resolverse el proceso, habrá de realizarse de manera continua y sucesiva, en el menor tiempo posible.  Adriana Greaves alerta que pueden haber otras prácticas en los Ministerios Públicos, y las que vayan en detrimento de no procurar justicia deben denunciarse, exhibirse. El fin es que no haya impunidad. Además, indican que el ciudadano debe tener claro, eso sí, cuáles son las situaciones que no deben denunciarse ante el MP o no se resuelven allí, como conflictos laborales (a menos que en el centro de trabajo haya ocurrido un robo u homicidio, por ejemplo), como despido. Falta administrativas, por citar un caso: beber alcohol en la vía pública. En esas circunstancias siempre debe pedirse ir al juez cívico no al Ministerio Público. Hay otra instancias legales que resuelven asuntos relacionados con herencias, divorcios o abusos con el cobro irregular de servicios y productos. El ciudadano, dicen los expertos, debe acudir al policía más inmediato para hallar respuestas, pero si éste se niega, también debe denunciarlo. Esta guía, reitera Adriana Greaves, pretende que el ciudadano, la víctima, no tenga miedo a la justicia mexicana, porque, resalta, hay leyes que impiden la Impunidad. El tema es acabar con la corrupción en los MP, y son los usuarios, los ciudadanos, quienes tienen que dar el paso: denunciar. Imprimir

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