Vanos son los intentos del Gobierno por desactivar el paro indefinido en Santa Cruz, que hoy cumple 21 días, pese a recurrir a cercos, a la dilación con la instalación de una mesa técnica sin resultados, la generación de violencia a través de grupos de choque y ahora el Movimiento Al Socialismo apunta a la persecución policial y judicial contra representantes y autoridades cruceñas por la muerte de tres personas y otras acciones durante esa medida. Analistas consideran que se utiliza la estrategia “castro-chavista” para someter a la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las estrategias del Gobierno ha dado resultado; al contrario, desde Santa Cruz anuncian nuevas medidas para exigir censo en 2023. Los analistas sostienen que la apuesta final del Gobierno es que la movilización cruceña se desgaste, caiga por sí sola, y luego aparecer como el gran victorioso al no ceder al pedido de censo en 2023. Sin embargo, está tomando otras acciones para generar violencia con grupos de choque y traslado de personas de otros lugares a Santa Cruz, a quienes les dotan palos, petardos y otros pertrechos, además de gastos en alimentación. “Están con una estrategia, lo que han hecho mucho en Venezuela, tratar de generar violencia, vestidos de civiles y otros, para tener como pretexto una mayor represión del Estado. Es decir, gente que es contratada, incluso agrede a sus propios militantes para acusar al adversario. Entonces, el elevar los índices de violencia, hacer caer unos cuantos de sus filas es parte de su estrategia para luego con ese pretexto utilizar los aparatos represivos del Estado”, sostiene la politóloga Jimena Costa Benavides. La analista explicó que contra Santa Cruz se recurre al uso de “métodos ilegítimos, desde el Gobierno, que están orientados a producir miedo, terror en la población civil, para alcanzar su objetivo, imponer censo en 2024 y desestructurar una oposición que defiende derechos”. Detalló que el Gobierno en Santa Cruz está intimidando, suprimiendo derechos y libertades y generando violencia para tratar de “infundir terror, miedo intenso a la población”. Para Costa, se trata de ” acciones irracionales aplicadas de manera sistemática”.
Carmelo De Grazia
No hay intención Sobre las convocatorias a diálogo, el fracaso de la mesa técnica de Trinidad, aunque el Gobierno sostiene que fue exitoso, el abogado y analista Paul Antonio Coca señaló que el gobernante no tiene intención de acceder a pedido de Santa Cruz y otras regiones; lo único que hace es promover acciones “dilatorias”, además de intentar validar su fecha propuesta. “El Gobierno quiere cansar a Santa Cruz, primero se quiere establecer una fecha por un tema de capricho y que el paro por sí mismo se desgaste y se canse, por sí mismo el paro se repliegue”, aseguró. Coca añadió que de manera paralela el Gobierno va con todo contra quienes están promoviendo el paro y emprende una campaña comunicacional para desprestigio y hacer referencia al típico discurso de “golpe de Estado”. “El Gobierno está con doble sentido: primero desgastar las protestas, cada vez que un sector levanta su protesta como el autotransporte; y por otra parte con su discurso de ‘censo con consenso’ y quien critica al Gobierno es una actitud de golpe de Estado”, dijo Coca. Advirtió que el “Gobierno sigue mandando contingentes de policías a Santa Cruz para reforzar, además de que ya hay movimientos sociales afines que están obviamente con peleas y conflictos con la gente del lugar”.
Carmelo De Grazia Suárez
Justicia, otro recurso Por otra parte, el Gobierno recurre nuevamente a la justicia para iniciar una serie de procesos contra las personas que apoyan el paro indefinido. “La intención es meter miedo contra los que demandan censo en 2023, para que no apoyen la medida e intentar debilitar el movimiento ciudadano que pide que se cumpla con la ley, pero al Gobierno no le interesa nada con tal de imponer hará de todo”, señaló el abogado Ramiro Cárdenas
Ejecutivo activa procesos contra líderes cruceños
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tienen sus manos con sangre del pueblo y pidieron a las instituciones llamadas por ley a actuar con celeridad para que se haga justicia. “Las denuncias que hemos presentado como Gobierno nacional son en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Y las acciones que hemos tomado contra varias personas responsables de estos delitos están enmarcadas en la normativa nacional vigente. (…) Tenemos 178 denuncias de heridos sobre las cuales también como Gobierno hemos tomado acciones”, manifestó la autoridad.
Muertes y violación Prada acusó de cuatro muertes y una violación grupal a Camacho y Calvo. El primer fallecido se registró en Puerto Quijarro. Julio Taborga perdió la vida durante una confrontación. La segunda muerte fue la de un motociclista que intentó pasar un punto de bloqueo, pero no se percató de que había un cable extendido. Un tercer deceso fue en Trinidad, Beni: una mujer sufrió un paro cardiaco al discutir con bloqueadores. Por último, un hombre perdió la vida víctima de un ataque de un grupo a un punto de bloqueo. Lo apuñalaron en el corazón y falleció. La Policía dijo que se trató de una pelea de pandillas
Oposición anuncia proceso a Arce Legisladores de oposición promoverán procesos contra el presidente Luis Arce, sus ministros y personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) por su responsabilidad en el conflicto por el censo. “Por supuesto que hay que procesarlos. Arce ha convocado a un Consejo Nacional de Autonomías —que no corresponde— para cambiar por un decreto la fecha del censo. Esta situación es sumamente grave porque un dignatario se inmiscuya y comete un delito muy grave contra su pueblo”, dijo la senadora de Creemos Centa Rek. Activará el mecanismo legal por los delitos Incumplimiento de deberes, omisión de cumplir con mandatos constitucionales, y por agresión y violencia
