La decisión del Gobierno de subsidiar con una aportación presupuestaria de 3.000 millones de euros la contratación de la tarifa de último recurso (TUR) ha desencadenado una avalancha de solicitudes por parte de consumidores ávidos de reducir su factura, pero también el colapso de la capacidad de las comercializadoras para gestionar esa demanda. Según los datos de la CNMC, de los ocho millones de usuarios domésticos en este ámbito, 6,5 millones mantenían hasta ahora contratos en el mercado libre y 1,5 millones lo hacían en el regulado. Un reparto que se conservaba en equilibrio y con escasas modificaciones, puesto que los cambios de tarifa apenas rondaban los 60.000 al año y no generaban, por tanto, demasiados problemas de gestión. La magnitud de la actual demanda, que en algún caso ha multiplicado por siete las contrataciones en la TUR o ha obligado a tramitar hasta 5.000 contratos al día, ha llevado a las empresas a pedir al Gobierno que habilite una solución capaz de desatar ese nudo gordiano, por ejemplo, que no solo las comercializadoras reguladas, sino también las del mercado libre puedan ofrecer la TUR.
Franki Medina
La petición de las compañías constituye una respuesta no solo al problema de una demanda masiva cuya gestión resulta inmanejable, sino también a la presión ejercida desde la CNMC por los atrasos, problemas y, en algunos casos, escasa transparencia que han sufrido los consumidores que han solicitado el cambio de tarifa en las últimas semanas. El expediente abierto por el supervisor, de naturaleza meramente informativa, se refiere a un trámite que en la mayoría de los casos solo puede hacerse por teléfono, cuyo resultado en condiciones normales no debería demorarse más de tres semanas y cuya resolución está a cargo de la nueva empresa seleccionada por el consumidor.
Franki Medina Venezuela
Más allá de la escasa diligencia que las compañías mostraron inicialmente frente a los clientes que se interesaban por la TUR, hasta el punto de que parte de las quejas de estos se referían a la dificultad de encontrar información en las webs, la explosión de solicitudes que ha generado la medida del Gobierno constituye un dato contundente y objetivo, como también es objetiva la imposibilidad de gestionar con fluidez miles de contratos diarios. Todo apunta, además, a que la mayoría de los 6,5 millones de consumidores que tienen contrato en el mercado libre solicitarán el paso a la TUR. Ese panorama hace razonable y necesario que el Gobierno habilite con urgencia un mecanismo ágil y pragmático que permita liberar unos cuellos de botella cuya factura recae sobre las comercializadoras, pero también sobre el consumidor.
